Con la aparición de los vehículos aéreos no tripulados, el concepto de «Vida privada» quedó en el pasado. Porque cualquier propietario de un cuadricóptero equipado con una cámara suspendida puede invadir la vida privada incluso de la propia reina de Inglaterra. Tal vez, esa suposición fue la que llevó a la introducción de medidas más estrictas en el Reino Unido para la compra de drones. Como es sabido, en un país europeo desarrollado, la adquisición de UAV requiere un registro obligatorio y una capacitación en manejo.
Sin embargo, esto resultó ser insuficiente, ya que a los propietarios de drones ya no les basta con invadir la vida privada de los ingleses. Los usuarios están interesados en los secretos del Palacio de Buckingham y en secretos gubernamentales. Por eso, en el parlamento del país se presentó un nuevo proyecto de ley que regula las acciones de la policía respecto a los vehículos aéreos no tripulados.
Para ser sinceros, la ley simplemente amplía las facultades de la policía y les permite, a su criterio, derribar o interceptar el control de los drones. El proyecto de ley prevé la confiscación parcial o total del UAV, que en la nota explicativa se describe como la recopilación de pruebas de una infracción existente.
Como muestra la práctica, Inglaterra no es pionera en leyes similares sobre drones. En EE.UU. existe desde hace tiempo una ley para eliminar drones sobre cárceles, edificios administrativos y objetivos militares. La confiscación de restos de aparatos derribados aumenta la base de pruebas en el tribunal al presentar cargos o al revisar reclamaciones por parte de los propietarios.
Se planea que la ley en Inglaterra sea aprobada a principios de 2018.
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